La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de los fines y competenciasque le asigna el artículo 162º de la Constitución y su Ley Orgánica,ha publicado el Reporte Nº 65 sobre Conflictos Sociales activos al mesde Julio del año en curso. La información se clasifica por Departamentos y en lo que respecta al Departamento de Lima, involucraa la Provincia de Lima (Lima Metropolitana) y a la jurisdicciónterritorial del Gobierno Regional de Lima (Provincias de Barranca,Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos).Una primera observación que se aprecia, es que el centralismocapitalino insiste en considerar a la jurisdicción del GORE Lima como Lima Provincias; no se quiere entender que estamos en un proceso dedescentralización en la que el Municipio de Lima Metropolitana tiene un estatus especial equivalente al de un Gobierno Regional y las nueveprovincias restantes constituyen el Gobierno Regional de Lima con sede en Huacho, capital de la provincia de Huaura.
En el territorio que corresponde al GORE Lima, el informe consigna lo siguiente:
- Un conflicto relacionado con Gobierno Local (Oyón).
- Un conflicto comunal (Huaura).
- Un conflicto de tipo electoral (Yauyos).
- Seis conflictos de tipo socioambiental (corresponden: uno a Huaura, dos a Huarochirí, dos a Oyón y uno a Yauyos).
- Dos conflictos laborales (Huaura, Cañete).
El conflicto relacionado con el Gobierno Local Provincial de Oyón, seoriginó por el cuestionamiento de la gestión del alcalde en elejercicio de sus funciones por presuntas irregularidades. Como es depúblico conocimiento a través de lo resuelto por el JNE, el referidoalcalde reasumió sus funciones.
Un primer conflicto socioambiental de la provincia de Oyón, se da enel distrito de Oyón, Comunidad campesina de Quichas, quien denuncia ala empresa minera Raura por contaminación de suelos y un presuntodespojo de la propiedad de terrenos comunales.
Un segundo conflictosocioambiental se da en esta provincia, en la comunidad de Pachangara,quien demanda la modificatoria del convenio suscrito y sus condicionespara la extracción de minerales por parte de la empresa minera LosQuenuales-Iscaycruz.
El conflicto comunal de la Provincia de Huaura, específicamente entrelas comunidades Muzga y Lacsanga, por el uso del manantial Chimba queles permita regar sus cultivos. Dicho conflicto fue materia de un proceso de mediación, de tal manera que el problema no llegó perpetrarse.
Un conflicto socioambiental en la provincia de Huaura, se da en eldistrito de Végueta, los pobladores se oponen a la autorización de uso temporal de área acuática y franja costera otorgada a la empresa Santa Sofía Puertos S.A. (Grupo Romero). Dicha empresa se encuentra realizando el estudio de impacto ambiental y ha comunicado que cuando se concluya el estudio, previsto para el próximoaño, se evaluarán las alianzas estratégicas con comercializadores mineros para el almacenaje y traslado de materiales.
Un conflicto laboral en la provincia de Huaura, se da en el distritode Sayán, entre dos grupos mayoritarios de trabajadores para obtenerel control de la empresa agroindustrial Andahuasi S.A.A. La Mesa deDiálogo presidida por el Presidente del Gobierno Regional de Lima,acordó remitir una carta a los representantes del Grupo Wong dando aconocer el pedido de los representantes del Grupo Bustamante deincluir en la administración compartida transitoria, a lostrabajadores-accionistas de la referida empresa azucarera. Asimismo,acordó realizar la próxima reunión el día jueves 13 a las 5 p.m., que contaría con la participación de los representantes de ambos grupos,así como de los trabajadores, para definir la solución al conflicto social.
El conflicto electoral de la Provincia de Yauyos, específicamente en el distrito de Huampará, se origina al conocerse los resultados de las elecciones municipales del 2006 que reeligen al alcalde por un período más. Los pobladores ingresaron al local municipal destruyendo las actas e impidieron el ingreso del alcalde reelecto. En este caso, se ha oficializado la convocatoria a Consulta Popular de Revocatoria para el próximo 29 de noviembre.
Un conflicto socioambiental en la provincia de Yauyos, se da en los distritos de Viñac (Centro Poblado de Canchán) y Catahuasi; los pobladores se oponen a la Central Hidroeléctrica “El Platanal”, porque la derivación de las aguas del río Cañete, les estaría afectando con la disminución del caudal del río y al medio ambiente.
Un primer conflicto socioambiental de la provincia de Huarochirí, seda en el distrito de San Antonio por la contaminación del río Seco, amérito de la minería artesanal, resultando afectada la comunidad campesina de Jicamarca.
Un segundo conflicto socioambiental de laprovincia de Huarochirí, se da en el distrito de San Mateo de Huanchor, los pobladores se encuentran afectados por la amenaza de relaves de la mina Coricancha; al respecto mediante Decreto Supremo Nº045-2009-PCM se prorrogó el Estado de Emergencia en la zona.
Un conflicto laboral se da en la Provincia de Cañete, distrito de Chilca, el sindicato de construcción civil de Chilca reclama que la empresa Graña y Montero S.A. contrate a sus afiliados sin que se efectúe evaluación organizada por la empresa para la ejecución de la Central Térmica Las Flores. El 22 de julio de 2009, el Sindicato de Construcción Civil de Chilca y el Jefe Administrativo de Obras de Graña y Montero sostuvieron una reunión, en la cual acordaron reunirse durante la primera semana de agosto con la finalidad de formalizar la incorporación de algunos miembros del sindicato a las obras que viene ejecutando la empresa.
Una segunda observación que se aprecia, según el informe Nº 65, es la no existencia de conflictos sociales activos en las provincias de Barranca, Cajatambo y Huaral. Asimismo, se observa que de
once (11) conflictos reportados, seis (06)corresponden a conflictossocio ambientales, lo que evidencia que la gestión de Alan García es de generar crecimiento económico a costa del medio ambiente; situación que difiere del enfoque prioritario que se le debe dar al desarrollo humano.
